La seguridad de los periodistas es una obligación del Estado, no una opción del cronista. El Derecho a la Protesta como pilar democrático. Recordamos que la protesta social es un derecho humano fundamental y la columna vertebral de cualquier sistema democrático. Al pie del comunicado, dejamos enlaces a las respuestas que no tardaron en hacer públicas la Asociación de Corresponsales Extranjeros de la República Argentina (ACERA), y la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA). Comunicado emitido por el Ministerio de Seguridad Nacional hoy (17/02/2026). Comunicado urgente: el periodismo no se acorrala, la libertad de prensa no se negocia. Las organizaciones abajo firmantes expresamos nuestro más enérgico repudio al comunicado emitido hoy por el Ministerio de Seguridad Nacional. Un operativo que criminaliza la disidencia y busca ocultar el registro periodístico de la actuación policial es un operativo que atenta contra el orden constitucional. Exigimos al Ministerio de Seguridad Nacional: La derogación inmediata de cualquier protocolo que limite el libre movimiento de la prensa. El pleno respeto a la integridad física de los trabajadores, sin condicionamientos de ubicación. El cese de las amenazas de «acción de fuerza» que solo buscan escalar la conflictividad en las jornadas del 18, 19 y 20 de febrero. Finalmente, hacemos responsable al Ministerio de Seguridad de la Nación de cualquier agresión, detención o daño que sufran los trabajadores de prensa y cualquier persona que ejerza su derecho a filmar y registrar la actividad de las fuerzas de seguridad en la vía pública. El derecho a documentar no configura riesgo asumido sino función social, y cualquier acción violenta contra quienes lo ejerzan será de exclusiva responsabilidad de quienes hoy gobiernan. Sin periodismo libre no hay democracia. El Ministerio de Seguridad pretende regular el trabajo del periodismo en la calle. Este concepto es un intento cínico del Estado por deslindar su responsabilidad política, legal y penal ante el uso desproporcionado de la fuerza. Bajo la apariencia de «medidas de protección», el Gobierno intenta imponer un régimen de tutela sobre la labor periodística que viola garantías constitucionales básicas y restringe el derecho de la sociedad a estar informada. Una amenaza directa a la Libertad de Prensa. El establecimiento de una «zona exclusiva» en la calle Hipólito Yrigoyen para la prensa no es una medida de seguridad, sino un intento de confinamiento y censura indirecta. Alertamos que el Gobierno está otorgando una «carta blanca» a las fuerzas de seguridad para actuar contra trabajadores de prensa, pretendiendo que cualquier herido o agredido fuera de la zona oficial sea el único responsable de su propia integridad. La labor de cronistas y camarógrafos no puede limitarse a un «corralito» oficialista; el derecho a buscar y difundir información (Art.14 y 32 de la Constitución Nacional) exige libertad de movimiento para registrar los hechos allí donde ocurren, especialmente en contextos de protesta social. El peligroso concepto de «Autopuesta en Peligro». Denunciamos con especial gravedad la figura de «autopuesta en peligro» introducida por el Ministerio. La libertad no es un permiso oficial, es un derecho. Aquí, enlaces a comunicados de dos asociaciones: Asociación de Corresponsales Extranjeros de la República Argentina (ACER) https://corresponsalesenargentina.org/comunicados-de-prensa/ La Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) https://www.instagram.com/p/DU4FNgukpor/?igsh=Yjd3bW85NHlxYno%3D En respuesta, un grupo de 36 fotorreporteros autoconvocados recoge el guante para poner sobre aviso la amenaza explícita dirigida contra la libertad de prensa, y el derecho que la sociedad tiene de ser informada. El anuncio de que «nuestras Fuerzas actuarán» ante «focos violentos» funciona como un mecanismo de amedrentamiento previo.
